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Inicia la aplicación de la Ley Micaela

Este jueves, el Intendente Gustavo Bastian y la Coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad, Vanesa Fornier, presentaron formalmente la aplicación de la Ley Micaela en la Municipalidad de San José que comenzará a tener sus instancias formativas la próxima semana para trabajadores y trabajadoras de la administración municipal.

“Esto es primero una obligación establecida por la Ley Nacional y luego por el Concejo Municipal, que por ordenanza adhirió. Y segundo una decisión política de hacerlo. Tomamos la decisión de comenzar por capacitar al gabinete y todo el personal administrativo, porque necesitamos del compromiso de las máximas autoridades y de la unión de todos los sectores que confluyen en la gestión municipal”, señaló el presidente municipal.

“Aplicar la Ley Micaela es muy importante no solo por su contenido sino también por el gesto, por lo simbólico. Esto representa el inicio de una política que será permanente en el gobierno y se da en un día clave en el que a nivel provincial la Vice Gobernadora de la provincia presenta oficialmente el Proyecto de Paridad Integral junto al Gobernador Gustavo Bordet”, manifestó Bastian y añadió: “es el resultado de la conquista de nuevos derechos, tardíamente reconocidos. No es producto de decisiones arbitrarias, sino resultado de las luchas sociales”.

Por su parte Fornier afirmó: “el Estado es responsable de garantizarles a las mujeres que puedan vivir sin violencia, responsabilidad que tenemos que tomar quienes estamos en gestión. La ley tiene un objetivo explícito, que es la capacitación de todas las personas que integran el Estado, de manera obligatoria y permanente”.

Ley Micaela
La Ley 27.499 lleva el nombre de Ley Micaela en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue violada y asesinada por un hombre que tenía antecedentes por delitos sexuales. La normativa obliga a capacitar en perspectiva de género y violencia contra las mujeres al conjunto de las personas que se desempeñan en la función pública, cualquiera sea su área o jerarquía.

Los contenidos apuntan a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. El objetivo es garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencias y fomentar la toma de conciencia masiva acerca de la gravedad que significa un femicidio cada 23 horas en Argentina.

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